Desde grupomarh, con la finalidad de completar nuestra gama de productos dirigidos a Pequeñas Y Medianas Empresas, hemos desarrollado una modalidad específica en el riesgo de Responsabilidad Civil para Consejeros y Altos Cargos que se caracteriza por la amplitud de coberturas, y la sencillez en su contratación.

De esta forma conseguimos ofrecer una garantía muy especial para el Administrador Societario y Directivos de empresas.

Empresas dirigidas con talento, riesgo asegurado de por vida

A través de esta cobertura protegeremos el patrimonio de los administradores, altos cargos y directivos de sociedades frente a posibles reclamaciones de terceros por presuntos errores en la gestión de la entidad. Los consejeros y directivos, responden de los daños provocados por su conducta sin necesidad de que se acredite la malicia o negligencia grave: responden por una conducta realizada sin la debida diligencia.

 

Ley Orgánica 5/2010

LA  RESPONSABILIDAD DE  LOS ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS EN ESPAÑA ANTE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL OPERADA POR LA Ley Orgánica 5/2010

El pasado 23 de diciembre del 2010 entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal que, junto con el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, revela el interés del legislador de actualizar el régimen de responsabilidad que afecta a los administradores y directivos de las entidades mercantiles.

La reforma penal operada se ha concentrado en tres aspectos esenciales:

  1. la modificación de los delitos ya existentes, añadiendo nuevas modalidades delictivas.
  2. la agravación de las penas de otros delitos.
  3. la inclusión de nuevos tipos delictivos.

La principal novedad legislativa es la responsabilidad penal de las personas jurídicas para aquellos delitos establecidos expresamente en el Código Penal.

Éstas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en su propio nombre o por cuenta de ellas y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho, así como por las personas que éstos tengan a su cargo si no se ha ejercido sobre ellas el debido control.

En este sentido, sin perjuicio de la responsabilidad económica que pueda atribuírsele ahora a la persona jurídica, lo que debemos destacar de la reforma operada es que esa misma responsabilidad se va a poder atribuir individualmente a sus representantes legales y administradores respecto de conductas ilícitas ejecutadas en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en su provecho, así como las ejecutadas por las personas que éstos tengan a su cargo si no han ejercido el debido control sobre ellas. Se derivarán una serie de penas que pueden suponer graves perjuicios de índole personal (como penas de privación de libertad, daños de imagen y de reputación) y económicas, pudiendo ser el propio administrador o directivo sancionado a título individual, al margen de la empresa.

Dejando a un lado las importantes novedades que este texto introduce en materia de terrorismo, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, etc. que no son objeto de esta información, es necesario destacar igualmente como novedosos los cambios que afectan a la actividad empresarial y que se basan en el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y en el aumento de la penalización de la actividad desarrollada en el tráfico mercantil. En ambos escenarios, los administradores y directivos juegan un papel fundamental y consecuentemente verán incrementado su riesgo penal.

A pesar de la inquietud que ha suscitado la reforma, lo cierto es que estas novedades no son ajenas a otros países de nuestro entorno europeo como Portugal, Francia, Suecia o a jurisdicciones del otro lado del atlántico como es el caso de los Estados Unidos de América. De hecho, las empresas españolas con operaciones en los citados países se han habituado a contemplar este riesgo penal como un riesgo más en el desarrollo de su actividad.

Ante este nuevo entorno legal, le ofrecemos  nuestro asesoramiento de primera mano que le permita conocer no sólo el nuevo riesgo penal al que se enfrentan los administradores y directivos de sociedades mercantiles en España, sino también las claves que les permitan obtener una completa protección a través del Seguro de Responsabilidad de Administradores y Directivos (también conocido como Seguro D&O).

Tenga en cuenta:

  • Nuevos delitos contemplados
  • Mayores penas
  • Procedimientos más ágiles
  • Incremento del riesgo penal

Consultenos sobre sus coberturas en relación a:

  • Riesgos Medioambientales
  • Ordenación del territorio y Urbanismo
  • Mercado y Consumidores
  • Propiedad Industrial
  • Mobbing
  • LOPD
  • Estafas